Ochoa había fijado un plazo de dos meses para que el Estado proceda a la reglamentación, según recordó Ponce. Luego, el Estado apeló y ahora sufrió el revés de la Cámara de Apelaciones que terminó confirmando el fallo de Ochoa dictaminado el 2 de diciembre del año pasado.
El anterior Gobierno nacional que prometió esta ley, finalmente no la aplicó. Y el actual, que también anunció su cumplimiento sigue demorando su ejecución. Sin la reglamentación se desconocen los montos resarcitorios, la forma de pago y en qué moneda o título se saldará la deuda.